Una vez más, los hechos hablan por sí solos. El reciente episodio denunciado en Mendoza, donde integrantes del Instituto del Verbo Encarnado habrían vandalizado una reserva natural, constituye una prueba más de esa actitud de desprecio por las normas, esa convicción de que ninguna regla se aplica a ellos y de que están por encima de toda ley, sea civil o eclesiástica.
Fuente: La Nación
Lo ocurrido en Mendoza
Según informó La Nación, miembros de la congregación fueron denunciados por realizar intervenciones indebidas dentro de un área protegida, modificando el entorno natural sin autorización. El hecho generó indignación en la comunidad local y en organizaciones ambientales, que remarcan la fragilidad del ecosistema y la necesidad de preservar la reserva para las generaciones futuras.
Un patrón que se repite en el ámbito civil y eclesial
Lo sucedido no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de un patrón de comportamiento recurrente en este instituto:
- Actuar como si la ley no los alcanzara.
- Imponer su presencia e intereses por encima de las normas comunitarias.
- Ignorar las consecuencias sociales, ambientales o espirituales de sus actos.
Aceptación disimulada de novicios
Este desprecio por las reglas no se limita a la vida civil. Su rasgo más alarmante es la constante violación de las normas eclesiásticas.
A pesar de las disposiciones que pesan sobre ellos, siguen de manera disimulada aceptando novicios en distintas partes del mundo, como si la autoridad de la Iglesia no tuviera ninguna fuerza real sobre su funcionamiento.
Más allá del caso puntual
El daño a una reserva natural no es solo un problema ecológico. Es también un reflejo de una cultura institucional de impunidad, que se manifiesta tanto en su relación con la sociedad civil como dentro de la Iglesia misma.
Cuando una congregación religiosa transmite con sus actos que las reglas son relativas y que su misión justifica cualquier atropello, erosiona no solo la confianza social sino también la credibilidad evangélica que dice defender.
La respuesta que se impone
Ante este escenario, resulta evidente que la Santa Sede no puede seguir respondiendo con tibieza. La reiteración de abusos civiles y eclesiásticos por parte del Instituto del Verbo Encarnado obliga a considerar medidas más firmes y definitivas.
Entre ellas, la disolución del instituto debería figurar como una opción real y seria, no como una amenaza lejana. Porque mientras el Vaticano se limita a advertencias o sanciones parciales, la congregación multiplica sus atropellos, consolidando un mensaje de impunidad que hiere a la sociedad y debilita a la propia Iglesia.
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