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El informe «La deuda histórica institucional. Verdad, Justicia y Reparación para Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina», elaborado por la Red de Sobrevivientes en diciembre de 2025, es un documento clave para comprender la dimensión real del abuso sexual dentro de la Iglesia Católica en Argentina y la enorme deuda que mantienen las instituciones con quienes sobrevivieron a esos crímenes.
Tras 13 años de trabajo, la Red acompaña decenas de causas penales y a unas 60 personas sobrevivientes, combinando apoyo psicológico, asesoría legal y acción pública. Este recorrido le permite trazar un mapa doloroso pero necesario: abusos sistemáticos, encubrimiento, traslados de agresores, prescripción de causas y casi nula reparación económica y simbólica.
Datos que desmontan el mito de los “casos aislados”
El informe detalla 45 causas penales acompañadas por la Red, 15 juicios con condenas que van de 3 a 25 años de prisión, procesos frenados por la prescripción y un extenso listado de agresores y encubridores de todas las regiones del país. Lejos de ser hechos excepcionales, los patrones se repiten: uso del poder espiritual, manipulación de la fe, silenciamiento comunitario y protección institucional de los culpables.
Junto a los números aparecen las historias: vidas quebradas, proyectos truncos, años de silencio forzado, intentos de “olvidar” que se transforman en enfermedades, depresión, consumo problemático o incluso suicidios. El documento insiste en que cada expediente judicial es, antes que nada, una biografía marcada por la traición de quienes debían cuidar.
La ausencia del Estado y los privilegios de la Iglesia
El texto también pone el foco en la responsabilidad estatal. En Argentina no existe un programa público específico para sobrevivientes de abuso eclesiástico ni una ley nacional que garantice reparación integral. Las víctimas deben litigar en soledad frente a una Iglesia con recursos económicos, equipos de abogados y protección política y simbólica.
El Concordato con el Vaticano, los beneficios fiscales y el estatus de “persona jurídica pública” refuerzan una situación de privilegio que facilita el encubrimiento y dificulta el acceso a archivos, pruebas y documentación clave. La asimetría es brutal: mientras la institución se blinda, las personas sobrevivientes peregrinan por despachos judiciales donde muchas veces los reciben bajo crucifijos e imágenes de la misma Iglesia que denuncian.
Verdad, justicia y reparación: lo que aún falta
El informe reclama, entre otras medidas, reconocer el abuso eclesiástico como delito de lesa humanidad, implementar juicios por la verdad, derogar los privilegios legales y económicos de la Iglesia, garantizar la separación Iglesia–Estado y crear un fondo de reparación digno que permita a los sobrevivientes reconstruir su proyecto de vida.
Nombrar, visibilizar y reparar no es un gesto de caridad, sino una obligación ética, jurídica y social.
Este documento es una herramienta imprescindible para sobrevivientes, militantes, periodistas, legisladores y para toda persona comprometida con los derechos humanos. Leerlo, difundirlo y exigir respuestas concretas es parte del camino para saldar una deuda que ya no puede seguir postergándose.
