Recientemente ha salido a la luz un grave caso que involucra al padre Antony del Castillo, sacerdote perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado (IVE). Según diversas fuentes, el padre del Castillo habría mantenido relaciones sexuales con una joven de 18 años, en circunstancias que apuntan a una posible explotación de adulto vulnerable.
Las relaciones sexuales habrían ocurrido en el contexto del oratorio de verano, organizado por la congregación de las Servidoras del Señor y la Virgen de Matará en Jonzac (Diócesis de La Rochelle, en Francia), donde se desarrollaron los hechos denunciados.
Un aspecto especialmente delicado es que la joven implicada es familiar de varios sacerdotes y religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, lo que complica aún más las dinámicas internas y las posibles repercusiones en la comunidad eclesial.
Tras la revelación de este incidente, el Instituto del Verbo Encarnado decidió evacuar al padre Antony del Castillo a Perú (de donde es originario), alegando falsamente «motivos de salud» para alejarlo del contexto original y gestionar la situación interna de la congregación.
La Iglesia debe abrir una investigación exhaustiva e independiente sobre este caso. Un acto de tamaña desinhibición y caradurismo hace pensar que no se trata de un hecho aislado, sino que podría haber antecedentes no denunciados ni abordados adecuadamente. La transparencia y la justicia son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones eclesiásticas y proteger a los más vulnerables.
Por ahora, las autoridades eclesiásticas y civiles no han emitido pronunciamientos oficiales, y se desconoce si se ha iniciado alguna investigación formal. Sin embargo, la gravedad de los hechos exige una respuesta clara y contundente.
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