La sorpresiva presencia del padre Gonzalo Ruiz, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), en el Vaticano en el marco de los preparativos para el cónclave, hace pensar a una tentativa de influir, directa o indirectamente, en la elección del próximo Papa, para asegurar la elección de un pontífice que garantice la continuidad del encubrimiento sistemático de los delitos del IVE; aún más preocupante es su rol como figura clave en el encubrimiento de delitos sexuales dentro del IVE.
Fue el Padre Carlos Miguel Buela, fundador del IVE, quien colocó estratégicamente a Gonzalo Ruiz en el Vaticano durante la época del cardenal Angelo Sodano, de quien Ruiz fue secretario.
Sodano, a su vez, fue responsable de cajonear durante años las denuncias contra Buela por abuso sexual contra seminaristas, protegiéndolo de cualquier sanción efectiva. Esta cadena de complicidades permitió al IVE afianzarse institucionalmente mientras silenciaba a las víctimas y se blindaba frente a cualquier intento de reforma. Si Sodano no hubiera cajoneado los dossiers de Buela, probablemente el Vaticano lo hubiera reducido al estado laical hace muchos años.
Cabe destacar también que Gonzalo Ruiz ha estado implicado en el encubrimiento de los abusos sexuales del todavía sacerdote José María Corbelle.
Una denuncia concreta proviene de L.C., ex SSVM, víctima de José María Corbelle, quien señaló ante la Santa Sede la complicidad de Gonzalo Ruiz por el encubrimiento de los abusos de José María Corbelle.
Según consta, Gonzalo Ruiz fue también quien aconsejó a una religiosa abusada sexualmente por el propio Corbelle que guardara silencio y se hiciera contemplativa, como forma de hacer penitencia por sus supuestos pecados, revictimizándola y desviando el foco de la responsabilidad del agresor.
La cuestión que se impone es: ¿por qué un miembro de una congregación tan cuestionada y por encima un encubridor sigue teniendo acceso a los pasillos del poder vaticano en un momento tan decisivo?
Su presencia en los pasillos vaticanos durante este tiempo clave podría ser un indicio de que el IVE intenta un verdadero «manotazo de ahogado» ante la extrema probabilidad de un cierre definitivo.
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