Hace pocas semanas informamos del escándalo que involucra al Padre Antony del Castillo, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), quien mantuvo relaciones con una joven de apenas 18 años en el marco de un oratorio de verano organizado por las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM) en Jonzac.
En aquel momento, el Instituto reaccionó trasladando de urgencia al sacerdote a Perú, en lo que parecía una medida disciplinaria y preventiva. Sin embargo, la realidad muestra otra cara.
Un video en Instagram desde Perú
El propio Antony del Castillo publicó recientemente en su cuenta de Instagram un video grabado desde Perú, mostrándose relajado, hablando en francés, sin aludir en absoluto al escándalo que lo motivó a ser evacuado de Francia. La publicación ha causado indignación en quienes conocen el caso, pues evidencia que no existe ninguna sanción real ni reconocimiento de la gravedad de los hechos.
La estrategia de siempre
Este episodio revela una vez más la estrategia habitual del IVE: cuando estalla un escándalo, el sacerdote es reubicado rápidamente en otro país, lejos del lugar de los hechos y del alcance mediático local. Nada se dice sobre investigaciones, sanciones canónicas o acompañamiento a la víctima.
Silencio de la diócesis
La diócesis de La Rochelle, donde ocurrió el escándalo, no ha emitido hasta la fecha un comunicado público aclarando qué medidas concretas ha tomado frente a este caso. El silencio institucional deja en la sombra tanto a la víctima como a la comunidad católica que tiene derecho a conocer la verdad. Colmo de los colmos, aparece todavía como párroco en el sitio web de la diócesis.
Un cinismo escandaloso
Que el sacerdote aparezca en redes sociales como si nada hubiese pasado resulta de un cinismo indignante. La imagen de normalidad contrasta con el profundo dolor que atraviesa la joven y su familia, quienes se sienten traicionados por una congregación en la que habían confiado.
Exigencia de transparencia
La Iglesia no puede seguir tolerando estos manejos. Casos como el de Antony del Castillo deben ser investigados a fondo y comunicados con transparencia. No basta con esconder al sacerdote en otro continente ni permitirle continuar con una vida pública sin consecuencias.
Exigimos que la Santa Sede y la diócesis de La Rochelle den explicaciones claras y actúen con responsabilidad pastoral frente a este caso.
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